Ayuso aprobará la reforma de Vox para impedir a okupas comprar o alquilar la vivienda que han asaltado

La Asamblea de Madrid aprobará en el Pleno del próximo jueves la Proposición de Ley de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda propuesta por el grupo parlamentario de Vox por la cual los okupas no podrán acceder a comprar ni alquilarla la vivienda que tienen asaltada.

La propuesta de Ley, que se hará por lectura única, contará con el apoyo del grupo parlamentario popular, por lo que saldrá adelante, ya que ambos grupos suman mayoría en el hemiciclo. «Una de cada tres viviendas sociales en la Comunidad de Madrid se regalan a okupas. No podemos premiar al delincuente, sino defender la propiedad privada», ha sostenido la líder de la formación en Madrid, Rocío Monasterio.

Y es que, de acuerdo con la Memoria de Cumplimiento de Objetivos de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid del año 2020, el 34,3% de los nuevos contratos de arrendamiento realizados por la Agencia de la Vivienda Social en el año 2020 se correspondían con regularizaciones de ocupantes irregulares.

«Además, a lo largo del pasado ejercicio 2020, se han formalizado 91 contratos de arrendamiento a favor de ocupantes irregulares, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2000, de 27 de diciembre, y en la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales y Administrativas. Todo esto ha permitido que, a lo largo del año 2020, se hayan suscrito 265 contratos de arrendamiento, facilitando un hogar a 265 familias de nuestra región», indica la citada memoria.

Además, tal y como recuerda Vox en su exposición de motivos, los datos que ofrece la Memoria de Cumplimiento de Objetivos de los tres ejercicios anteriores -2017, 2018 y 2019- ofrece unos datos similares y en algún caso incluso superiores.

«Estos datos reflejan que la ocupación irregular se ha convertido en una de las principales vías de acceso a la vivienda social en la Comunidad de Madrid mientras hay en lista de espera entre cuatro y cinco mil familias para acceder a una vivienda», critican desde Vox.

Algo que ocurre porque existe cobertura legal para ello. Por un lado, a través del artículo 17 de la Ley 18/2000 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que se enuncia así: «Régimen excepcional de venta, alquiler y escrituración de viviendas por el IVIMA en favor de ocupantes sin título suficiente». Por otro lado, a través del artículo 14 de la Ley 9/2015 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que reza: «Régimen excepcional de alquiler de viviendas por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a favor de ocupantes sin título suficiente anteriores al 1 de enero de 2016».

Es por ello que Vox plantea en su ley la derogación de ambos artículos y que esta fije que la «Comunidad de Madrid asegurará, defenderá y promoverá la integridad del patrimonio público de suelo y vivienda; y garantizará mecanismos justos, equitativos, públicos y eficaces de acceso de los madrileños al parque público de vivienda social».